San Luis Potosí, atrapado entre cables: el Ayuntamiento tiene un reglamento para sancionar, pero la ciudad sigue esperando resultados
Desde septiembre de 2024 existe una regulación municipal para exigir el retiro de cableado excedente o en desuso. Dos años después, las marañas de cables continúan afectando el paisaje urbano, particularmente en el Centro Histórico y los barrios tradicionales.
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San Luis Potosí, S.L.P., 27 de octubre de 2026.— Basta levantar la mirada mientras se camina por las calles de la capital potosina para encontrarse con un paisaje cada vez más común: postes saturados, cables que se entrecruzan de una fachada a otra y tendidos que forman auténticas telarañas sobre la vía pública.
El problema no es exclusivo de una avenida ni de un determinado sector. Se extiende por distintos puntos de la ciudad y adquiere especial relevancia en el Centro Histórico y los barrios tradicionales, donde la acumulación de infraestructura aérea afecta la apreciación de inmuebles, calles y espacios que forman parte de la identidad potosina.
Lo que pocos saben es que el propio Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó hace más de dos años una regulación que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar cables excedentes, abandonados o que representen riesgos para la población, y que contempla sanciones económicas por incumplimiento.
La disposición fue aprobada por el Cabildo anterior el 10 de septiembre de 2024, durante la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, y publicada el 27 de septiembre de ese mismo año en el Periódico Oficial del Estado, mediante una reforma al Reglamento de Aseo Público para el Municipio de San Luis Potosí.
Una regulación que parece haber perdido fuerza
La reforma incorporó el artículo 88 Bis, que establece la obligación de las concesionarias y comercializadoras de servicios de telecomunicaciones de retirar infraestructura en desuso, excedente o que pueda obstruir la vía pública o representar riesgos para las personas.
También modificó el artículo 110, que contempla amonestaciones y multas que van desde 10 hasta más de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de las características y el peso de los materiales involucrados.
Es decir, el municipio no solamente reconoció la problemática: también estableció un mecanismo para intervenir y sancionar los incumplimientos, dentro de sus atribuciones legales.
Sin embargo, la persistencia del cableado excedente plantea una contradicción entre la intención expresada en el reglamento y los resultados visibles en el espacio público.
¿De qué sirve aprobar una regulación para ordenar la ciudad si su aplicación no se traduce en resultados suficientes y verificables?
La pregunta cobra mayor relevancia porque, hasta el momento, no se ha podido establecer con la información pública consultada cuántas sanciones efectivamente ha impuesto el Ayuntamiento por esta causa desde la entrada en vigor de la reforma.
Las acciones existen, pero el problema permanece
En enero de 2026, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que el Ayuntamiento trabajaba en un convenio con representantes de empresas cableras para lograr el retiro de infraestructura obsoleta.
Meses después, en julio, el gobierno municipal dio a conocer el inicio de trabajos para retirar cableado en desuso del Centro Histórico, mediante la coordinación de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, la Dirección de Gestión Ecológica y empresas de telecomunicaciones.
En esa primera intervención se reportó la recolección de aproximadamente 50 kilogramos de cableado.
Se trata de acciones concretas que deben reconocerse. No obstante, también evidencian la necesidad de conocer la dimensión real del problema, las metas del programa y el avance acumulado, más allá de jornadas aisladas.
La existencia de algunas intervenciones no sustituye una política permanente, con inspecciones, prioridades territoriales, obligaciones claras para las empresas y resultados públicos.
El Centro Histórico y los barrios tradicionales no pueden esperar
La saturación de cableado tiene implicaciones que van más allá de la apariencia de las calles. Cuando las instalaciones están dañadas, colgantes, abandonadas o invaden zonas de tránsito, también pueden representar riesgos para peatones y automovilistas.
En el caso del patrimonio histórico, la problemática adquiere otra dimensión. Los cables que cruzan frente a inmuebles antiguos, se sujetan a sus fachadas o interfieren visualmente con sus elementos arquitectónicos afectan la apreciación del entorno urbano.
El primer cuadro de la capital requiere atención prioritaria, pero una intervención verdaderamente integral no debería limitarse a una sola calle, una fachada emblemática o una ruta turística.
Los barrios de San Miguelito, San Sebastián, Santiago, Tlaxcala, Tequisquiapan, San Juan de Guadalupe y Montecillo también merecen ser considerados en un programa de ordenamiento y revisión del cableado.
Su valor histórico y cultural no termina en los monumentos: también está en sus calles, viviendas, jardines y en la vida cotidiana de quienes los habitan.
En estos espacios es necesario distinguir entre cableado activo, instalaciones eléctricas e infraestructura de telecomunicaciones en desuso, pues no todo tendido aéreo es irregular ni corresponde a la competencia del municipio.
Por ello, cualquier retiro debe realizarse mediante revisiones técnicas y coordinación con las empresas responsables, sin poner en riesgo la continuidad de los servicios.
La responsabilidad también es del Ayuntamiento
Las empresas que utilizan el espacio público para prestar sus servicios tienen obligaciones sobre su infraestructura. Pero el gobierno municipal también tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones que están dentro de sus facultades.
En este caso, la administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos impulsó y promulgó una reforma dirigida precisamente a combatir la acumulación de cableado innecesario.
Dos años después, resulta legítimo cuestionar si esa regulación ha recibido el seguimiento, la vigilancia y la aplicación que originalmente se plantearon.
La incongruencia no radica en que el Ayuntamiento carezca de acciones, pues existen intervenciones documentadas. Radica en haber reconocido formalmente un problema extendido por toda la ciudad sin que hasta ahora se conozcan públicamente resultados integrales que permitan evaluar la eficacia de la regulación.
Recuperar el paisaje urbano es una responsabilidad compartida
Ordenar el cableado no significa dejar a la ciudad sin servicios de internet, telefonía o electricidad. Significa exigir instalaciones seguras, identificar infraestructura abandonada, retirar los elementos innecesarios y proteger los espacios públicos.
También significa reconocer que la imagen de San Luis Potosí no solamente se construye con obras de rehabilitación, iluminación ornamental saturada o eventos para promoción turística. Se construye todos los días en las calles que recorren sus habitantes.
La capital necesita una estrategia sostenida que abarque distintas zonas de la ciudad y que otorgue especial atención a su patrimonio histórico.
San Luis Potosí ya dio el primer paso al aprobar una regulación. Lo que falta por demostrar, con resultados medibles, es que esa disposición se está haciendo cumplir.
Porque recuperar la imagen urbana no debería quedarse en el retiro de cables de una sola calle ni en jornadas ocasionales. La ciudad y sus barrios merecen una solución de fondo.
